Revisar las noticias y ver que un presidente municipal ha sido asesinado, se está convirtiendo en México en una rutina informativa que debería poner a pensar a más de una de las autoridades encargadas de la justicia y las que toman decisiones políticas.
Y es que la mayoría de los crímenes cometidos contra autoridades municipales —a pesar de los homenajes que se les brindan y el desgarramiento de vestiduras de algunos actores políticos—, muy pronto quedan en el olvido. Esos crímenes —como muchos otros— no se investigan a fondo, ni en sus orígenes ni en sus causas, y en la mayoría de los casos todo queda en la especulación que alimenta el morbo popular; como una cifra más del recuento diario de muertos.
¿Por qué a los presidentes municipales que se supone andan siempre bien protegidos? ¿Por qué quitar de en medio a quienes representan al primer nivel de autoridad en el sistema político? ¿Qué hicieron?
Hay varias hipótesis: a) Porque no se someten a las directrices de los poderes fácticos que operan en la geografía municipal; b) Porque no aceptan las condiciones que el hampa organizada trata de imponerles; c) Porque ceden a las presiones de los grupos violentos de poder y les permiten manejarlo en sus municipios, hasta no poder controlarlos; d) Porque se alinean con algún grupo en contra de otros; e) Por su vinculación directa con los principales negocios del hampa organizada en la circunscripción municipal; f) Porque algo hicieron que no le gustó a los dirigentes de los grupos que operan en los municipios, afectando intereses y; g) Porque los presidentes municipales —como primer nivel de autoridad política— no están exentos del clima de violencia que se vive en México, como cualquier ciudadano.
Al principio se creía que con la alternancia de partido en el poder se iban a atenuar los conflictos. Lógico, se pensaba: Con la llegada de otros grupos al manejo de la política municipal, vendría el desplazamiento de aquellos que habían convertido a los ayuntamientos en un negocio particular, trabajando como rehenes, de los grupos de poder, que al final se adueñaban de las principales decisiones en el manejo de los ayuntamientos, obvio para beneficio de los mismos grupos.
La particularidad en estos casos es que los asesinatos de presidentes municipales no se investigan a fondo, como tampoco se investigan otros hechos violentos a ciudadanos comunes. Se da por descontado que los asesinan por representar a la autoridad, y muy pocas veces se encuentra a los responsables de los ilícitos; quizá por temor o por prudencia. En el fondo esto esconde una actitud de aprensión de las autoridades superiores. Algo han de saber los gobernadores de los estados del tema, porque los alcaldes asesinados son de varios partidos políticos. Así como la pluralidad llegó a la mayoría de los municipios, también llegaron algunos poderes fácticos, entre ellos el crimen organizado.
Tampoco los gobernadores han estado exentos de vinculación con el hampa, ya se vio en Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas. En este último estado incluso se llegó al extremo de asesinar días antes de la elección al candidato del PRI al gobierno estatal Rodolfo Torre Cantú que llevaba una cómoda ventaja y hoy dos de sus ex gobernadores permanecen presos por delitos relacionados con el hampa organizada.
¿Por qué entonces la pluralidad política no ha podido atenuar las crisis de los gobiernos municipales? Porque el problema es más complejo y porque las alternancias en estados y municipios hasta ahora solo han atendido las exigencias de la representación política y no han generado soluciones estructurales para resolver los problemas de las regiones.
Es increíble que por más de 50 años se haya denunciado la penuria de las finanzas municipales y ahora estos sigan en la escala más baja del reparto económico y los ingresos públicos, al depender mayoritariamente de lo que les dejan las participaciones estatales y federales.
También porque ha faltado profesionalismo en el manejo de loa ayuntamientos. Los partidos políticos no revisan cuidadosamente los perfiles a la hora del reclutamiento de sus cuadros cuando seleccionan candidatos y terminan postulando a improvisados que ignoran casi en su totalidad la forma como funcionan los gobiernos.
Ha habido de todo, desde las cuotas de género hasta procesos abiertos para seleccionar candidatos, y ni así.
Recientemente se ha buscado también corregir con reformas al texto constitucional para adecuarlo a los cambios ocurridos tratando de combatir la falta de profesionalismo se impulsó una nueva reforma que ahora permite la “reelección” o “elección consecutiva” (solo por un período más) a las autoridades municipales. Todavía no hay elementos que permitan probar que la reelección ha sido una respuesta adecuada a las crisis municipales. Le falta tiempo.
Al no existir el servicio civil de carrera en los ayuntamientos, las administraciones públicas municipales —aunque provengan de las alternancias o de las reelecciones—fomentan el nepotismo y suelen saturarse de recomendados y parientes de las autoridades, que dan al traste con la eficacia deseada en un buen gobierno municipal.
Además, en esta crisis, la mayoría de los ayuntamientos lucen endeudados y con pesadas cargas administrativas que limitan el ejercicio del gasto público y la utilización de los escasos recursos con que cuentan, dándole prioridad al gasto corriente y a las obligaciones contraídas con anterioridad. Muchas veces piensan que creando nuevas dependencias administrativas resolverán los problemas; tampoco ha sido la solución.
Sonora no ha sido la excepción en la crisis de sus gobiernos municipales. La historia reciente registra varios casos donde se han mezclado diversos ingredientes políticos, jurídicos y administrativos.
A Sara Valle en 1998, entonces presidenta municipal de Guaymas por el PRD, el Congreso del Estado le aplicó la figura de “revocación de mandato” en el gobierno de Armando López Nogales. Se nombró al michoacano Vicente Pascual Rodríguez como sustituto y fue quien terminó el período.
A Cristina Carvajal, del municipio de Benito Juárez, en el mismo gobierno, en septiembre del 2002 le aplicaron la figura de “desaparición del ayuntamiento” y fue nombrado un Concejo Municipal que terminó el período. En ambos casos la historia registra que se abusó de las figuras jurídicas que les aplicaron.
Valle Dessens regresó al poder ahora por el PT en 2018 y Cristina Carvajal, víctima de una provocación política violenta, orquestada desde el poder y que la historia se ha encargado de poner en su lugar —tanto a los hechos como a los principales actores— con su prestigio a salvo, regresó a actividades públicas sin mayores complicaciones.
En 2003 Ernesto Cornejo Valenzuela, uno de los promotores de la salida de Carvajal en el 2000, alcalde electo de Benito Juárez por el partido Fuerza Ciudadana, fue aprehendido antes de tomar posesión del cargo nombrando el Congreso a Víctor Molina Beltrán como sustituto.
Cornejo regresaría al poder ahora por el PAN en 2006 y gobernó hasta el 2009 que pidió licencia para buscar la diputación federal. Fue asesinado en julio del 2011. A pesar de que Cornejo ya era panista y gobernaba el PAN en el Estado, el caso nunca se investigó ni se aclaró.
En Fronteras, en 2012, el presidente municipal electo postulado por la alianza PAN-PANAL Arturo Reyes Trujillo no alcanzó a tomar posesión del cargo por cuentas pendientes con la justicia americana. Fue aprehendido días antes para que respondiera por acusaciones en su contra en los Estados Unidos. El presidente municipal de Bácum Rogelio Aboyte Limón fue detenido el pasado diciembre en la frontera con documentación falsa, y fue condenado a 15 meses de prisión.
El presidente municipal de Villa Hidalgo, del partido Movimiento Alternativo Sonorense, Ramón Campa Durón, falleció en octubre pasado a escasos 20 días de haber asumido el cargo.
El ex presidente municipal de San Javier (2012-2015) Hilario Valeriano Mendoza, fue condenado en 2017 a dos años de prisión por haber dispuesto de un inmueble municipal días antes de entregar la administración. Nunca pisó la cárcel.
Lo insólito e increíble en Sonora, es que en los últimos 50 años, haya caído un ex gobernador en la cárcel por malos manejos (Guillermo Padrés) y todavía no exista el registro de un sólo ex presidente municipal que por los mismos motivos haya estado en la cárcel a pesar de abundantes evidencias. En ese mismo lapso, han gobernado 1,200 personas los 72 municipios de la entidad y ninguna acusación—a pesar de tanto— sobre malos manejos administrativos y financieros ha provocado que alguno de ellos haya pisado la cárcel. ¿Impunidad? ¿Complicidades?¿Alternancias? ¿Obsolescencia de los órganos fiscalizadores y de control? De todo un poco, pero…increíble y para la reflexión.
Bulmaro Pacheco Moreno
