Barcelona, 21 de enero de 2021.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó hoy al canciller del Gobierno catalán, Bernat Solé, a un año de inhabilitación para ejercer función pública y a pagar una multa de 16,800 euros (402,162 pesos) por un supuesto delito de desobediencia durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando era alcalde de su municipio Agramunt.
El TSJC alegó que días antes del referéndum, Solé promulgó un decreto de alcaldía apoyando la consulta popular y que participó en un evento a favor del referéndum, donde hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho de voto. La fiscalía española, quien había solicitado una pena de inhabilitación de un año y medio y una multa de 24,000 euros (574,897 pesos), acusó Solé de desatender la petición del Tribunal Constitucional de impedir el referéndum y de “permitir y colaborar” en la votación de Agramunt, un municipio de 5,411 habitantes. La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida en última instancia ante el Tribunal Supremo.
En una comparecencia conjunta del todo el ejecutivo catalán, los miembros del Gobierno mostraron su apoyo al canciller Solé ante esta «nueva muestra de represión sin freno». El vicepresidente Pere Aragonès manifestó su rechazo «más enérgico» y aseguró que la sentencia «no obedece a ninguna lógica de justicia, y sólo se entiende desde el prisma de aquellos que buscan venganza por habernos atrevido a hacer un referéndum que nos llena de orgullo».
«Hoy tenemos una nueva muestra de que la represión del Estado español hacia el independentismo no se detiene», lamentó Aragonès, que consideró al canciller Solé «víctima de la causa general contra el independentismo iniciada contra los miembros del anterior Gobierno, y que sigue abierta». Actualmente, más de 2,800 personas tienen causas abiertas por su supuesta implicación en el referéndum de 2017.
La portavoz, Meritxell Budó, recordó que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, «sufrió la misma represión por defender, como el canciller Solé, los derechos fundamentales, y fue inhabilitado». Y advirtió que «esta represión no nos detendrá; al contrario, confirma y reafirma nuestras convicciones». «En democracia, los presidentes y los consejeros los ponen los ciudadanos y las ciudadanas de este país, y no los jueces», remachó. El vicepresidente insistió en que la represión «nunca» formará parte de la solución del conflicto entre España y Cataluña, y exigió «la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y la celebración de un referéndum de autodeterminación». «La solución al conflicto pasa de forma inevitable por las urnas. Pasa por la democracia, la libertad, la amnistía y la autodeterminación. Este es nuestro compromiso y ninguna sentencia hará que renunciamos», insistió.
Por su parte, el canciller Solé subrayó que «nuestro compromiso con la democracia hoy es más firme que nunca» y ha alertado de que «la judicialización de la política catalana no se detiene”. El canciller afirmó que «esta es una sentencia también para los cientos de alcaldes que estuvieron al lado de la gente el 1 de octubre, y los más de dos millones de personas que votaron». «Lo volvería a hacer, porque no se puede desobedecer la voluntad ciudadana», aseguró Solé. «Escuchar a la gente es la principal responsabilidad de cualquier alcalde, y este es precisamente nuestro deber democrático como representantes públicos», insistió.
La decisión del TSJC de mantener el 14-F es una “irresponsabilidad”
La sentencia se publicó el mismo día que el TSJC, el mismo tribunal, decidió mantener las medidas cautelares contra el decreto que aplazaba las elecciones al Parlamento de Cataluña al 30 de mayo. El vicepresidente Pere Aragonès calificó esta decisión «de irresponsabilidad», ya que «hace que muchos ciudadanos se vean obligados a elegir entre el derecho a voto y el derecho a la salud». Y recordó que el aplazamiento de la fecha electoral había sido fruto del acuerdo «de todas las fuerzas políticas», de las que «una gran mayoría» apoyaron la opción del 30 de mayo.
En esta misma línea, la portavoz Budó denunció la «injerencia externa en la vida política e institucional de un país democrático», como son la inhabilitación del canciller y la decisión del TSJC de mantener cautelarmente las elecciones para el 14 de febrero. Lamentó que «el derecho a votar y el derecho a respetar el resultado y los procedimientos está en cuestión» y se ha «alterado» la decisión del Gobierno de aplazar las elecciones, de acuerdo con la mayoría de los partidos políticos. «La situación es muy grave, pero el Gobierno de Cataluña estará a la altura del momento y estará como siempre al lado de los ciudadanos de nuestro país», concluyó.
