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El Tribunal de Cuentas español impone fianza millonaria a líderes catalanes

El TCU reclama 5.4 millones de euros a 41 ex altos cargos de anteriores gobiernos catalanes

por su acción en el exterior

Ciudad de México, 29 de junio de 2021.- El Tribunal de Cuentas español (TCU) reclama 5.4 millones de euros a 41 ex altos cargos del gobierno de Cataluña por su actividad en el extranjero en favor de un referéndum entre 2011 y 2017, la cual esta institución fiscalizadora considera irregular.

El TCU considera en su informe de 500 páginas que los viajes al extranjero, reuniones con políticos y periodistas, conferencias y debates donde se abordaba la realidad política catalana del momento y el proceso soberanista son gastos que responden a “intereses particulares” de los funcionarios en cuestión, y en consecuencia éstos habrían hecho un “uso impropio de los recursos públicos”.

Entre los principales afectados se encuentran el expresidente de la Generalitat Artur Mas y su ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, a quienes se les reclama a cada uno un importe de 2.8 millones de euros. El también expresidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde 2017, deberá abonar 1.9 millones de euros.

Los líderes independentistas encarcelados por más de tres años y que fueron indultados la semana pasada por el gobierno español también se encuentran afectados por esta causa. Al exvicepresidente y líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras se le reclaman 1.9 millones de euros, y al exconsejero de Acción Exterior Raül Romeva hasta 2.1 millones por su actividad en el extranjero durante su mandato.

Si los acusados no pueden hacer frente a la fianza en el plazo de dos semanas, se procedería al embargo de sus bienes y cuentas. En este sentido, el TCU opera en base a una presunción de culpabilidad que obliga a las personas acusadas a hacer frente a las fianzas antes de que finalice el procedimiento y se hayan agotado las vías de recurso.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha denunciado el «abuso de poder» del Tribunal, el cual busca «la venganza y la represión, porque ésta es una competencia en nuestro estatuto que también desarrollan otras comunidades autónomas”. «El estado persigue nuestra muerte política y civil, que es la ruina económica de varias personas por sus ideas», ha dicho. «Primero te hacen pagar o te embargan, y después te juzgan”. Mas ya fue juzgado y condenado por la consulta popular del 2014, por la cual ya le embargaron la vivienda hace cuatro años.

Expresidente de Cataluña, Artur Mas.

Por su parte, la actual consejera de Acción Exterior (canciller catalana), Victòria Alsina, aseguró este martes que “es flagrante que el Tribunal de Cuentas reclame el dinero cuando no hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional limitando la acción exterior de la Generalitat». «La semana pasada hubo nueve indultos, y hoy sumamos 41 represaliados», declaró. “El Tribunal de Cuentas, que no es un tribunal, es un órgano administrativo sin las garantías procesales propias del sistema judicial. No hay separación de poderes, es una anomalía en el panorama europeo «, lamentó.

La consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina.

Alsina afirmó que la acción exterior ahora censurada por el Tribunal de Cuentas era «totalmente legítima» y que la argumentación del órgano se basa en una argumentación política. «Como consejera pienso seguir trabajando para abrir Cataluña al mundo, para internacionalizarnos, y para crear un diálogo con Europa y el resto del mundo, con instituciones públicas, empresas y sociedad civil», concluyó.

El mismo día en que el TCU imponía las fianzas millonarias, el presidente español Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonès se reunían por primera vez para poner las bases de la mesa de diálogo, la cual está previsto que se reúna de nuevo la tercera semana de septiembre.

El dirigente catalán reclamó a Sánchez que el gobierno español cumpla con el informe del Consejo de Europa aprobado la semana pasada en el que se pide que «la mera expresión de puntos de vista independentistas no sea motivo de procesamiento penal «. También pide a España que abandone el resto de los procesos contra cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017.

Naturaleza del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas (TCU) es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado español. Tiene como misión la supervisión contable del sector público y la función jurisdiccional para perseguir la responsabilidad contable de funcionarios que causen un perjuicio a las cuentas públicas. No forma parte del poder judicial, por lo que no cuenta con las garantías de un proceso judicial ordinario.

Depende directamente de las Cortes Generales, las cuales eligen sus 12 miembros por mayoría de 3/5 partes y por un periodo de 9 años. La correlación actual es de 4 miembros progresistas y 7 conservadores, a propuesta del Partido Popular. El mandato del actual TCU expira este mes de julio. La composición del TCU siempre ha sido objeto de polémica por los casos de nepotismo y por la motivación política que muchos atribuyen en sus actuaciones.

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