Nadie podría recordar en la historia reciente de México a un mandatario que, al verse acosado por investigaciones periodísticas de un grupo de reporteros, haya tenido como respuesta la ocurrencia de exhibir sus supuestos ingresos como argumentos de descarga.
Así lo vimos en transmisión en vivo y en cadena nacional el pasado viernes, cuando el jefe de las instituciones que tienen como principal deber proteger la integridad de sus ciudadanos, se convirtió en atacante y delator de la privacidad de quien ve como su enemigo.
Lo ocurrido es inaudito pero está previsto en las leyes: se trata de delitos contra derechos establecidos en la Constitución, tipificados en la ley de protección de datos personales. Delitos que tienen previstos sanciones penales.
Por ello la reacción en la inmensa mayoría del gremio periodístico y de un vasto colectivo de ciudadanos preocupados por lo que ocurre en el país, fue automática y contundente: más allá del personaje “denunciado” por los sueldos que supuestamente cobra, lo sucedido atenta contra las leyes y los derechos sin los cuales una democracia se vuelve una mascarada.
No es casual que en paralelo hace unos días una prestigiada publicación internacional haya calificado a México como un país de régimen híbrido, que transita de una democracia defectuosa a un sistema autoritario.
Los límites que se han cruzado colocan a nuestra sociedad en una trayectoria sin retorno.
No se advierte en el infractor ninguna traza de reflexión o arrepentimiento, por lo que lo ocurrido es el comienzo de un proceso de deterioro político que nos llevará a peligros apenas vislumbrados.
Ya que en gobierno se ha perdido el sentido y el contacto con la realidad y se opera con el arrebato que los hechos van imponiendo en cada momento, la única salida es que en nuestra sociedad crezca la conciencia del desastre que está creciendo en todos los órdenes de la vida pública, y haya la capacidad para responder colectivamente ante el reto.
