Un incremento del treinta y cinco por ciento en las tarifas que cobra el gobierno capitalino por consumo de agua se impondrá en los próximos meses, pero no de manera generalizada, sino sólo en algunas colonias de ocho alcaldías.
Las inconformidades brotaron inmediatamente después del anuncio, en grado tal que la propia jefa de Gobierno se sintió obligada a explicar: se trata de gravar el consumo excesivo, y la medida no es nueva, sino que se aplica desde hace ya varios años.
La explicación no dejó satisfecho a nadie, pues un mínimo análisis la vuelve insostenible.
Si se trata de sancionar el derroche, la aplicación tendría que ser en toda la ciudad, pues no tiene lógica que en unas colonias se cobre el exceso y en las otras no.
La discriminación se hizo de origen escandalosa porque las colonias ahora amenazadas con la espada de la tesorería se ubican todas en las alcaldías que en la pasada elección votaron por opciones políticas diferentes y le arrebataron al movimiento de la señora Sheinbaum media ciudad.
Que las tarifas abusivas se cobren desde años antes no elimina la objeción. Quiere decir que desde entonces los habitantes de las demarcaciones estaban ya en la mira por ser clasemedieros aspiracionistas, sin derecho a desperdiciar el agua; los demás sí y sin pagar un peso más.
Después de un resultado adverso, en el Palacio del Ayuntamiento debió al menos hacerse una ponderación de porqué media ciudad los rechazó, y corregir algunas de sus estrategias.
Visiblemente no lo han hecho, pero en un caso u otro no ha variado su política.
Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Así les volverá a ir en esta noble ciudad.
