“He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro”:
José Saramago
Desde hace 22 años, por lo menos, el Estado Mexicano ha mantenido una “política ordenada, tolerada y propiciada por los más altos mandos que, vulnera la seguridad ciudadana, propicia la tortura y la impunidad”.
Esta parece una frase común que hemos escuchado, en efecto, desde hace años. Sin embargo, un informe de diferentes organizaciones civiles entre ellas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, sostiene que, desde el gobierno de Fox hasta el gobierno de López Obrador, existe “una base razonable y documentada para acreditar la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad”.
Esta política “aplicada por militares” ha sido avalada y permitida por todos los mandatarios desde Fox hasta López Obrador, sin que, se observe un cambio sustancial en la denominada “guerra contra las drogas” que, desafortunadamente, se ha llevado entre las patas a cientos de civiles, la mayoría ajenos a las actividades del crimen organizado.
En este contexto, Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana para la defensa de los Derechos Humanos, señala que, han presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La denuncia es producto de un análisis cuantitativo y cualitativo en donde se revisaron 197 casos de tortura cometidos por el Ejército, la Marina y la desparecida Policía Federal, casos documentados también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que dieron como resultado 166 recomendaciones. Datos suficientes para abrir un expediente judicial internacional contra ambos gobiernos.
La querella sostiene que tras el análisis de los casos “se encontró que, los crímenes fueron perpetrados de manera sistemática y generalizada”, y subraya que, “la tortura fue usada al menos en ese periodo, como un método de investigación que sustituyó el debido proceso”.
Los casos documentados muestran “ataques masivos y recurrentes, llevados a cabo de manera colectiva en contra de civiles, en un amplio ámbito geográfico del territorio nacional, y son coincidentes con el despliegue de las Fuerzas Armadas para instrumentar la política de seguridad”.
Una de las conclusiones de la denuncia y las comunicaciones que se han entregado ante el Tribunal de La Haya es que, “el involucramiento a gran escala de las autoridades perpetradoras respondió así a una política de Estado, y su actuación fue ordenada, tolerada y propiciada por los más altos mandos, ante la necesidad de mostrar resultados de la estrategia de seguridad”.
Cabe recordar que, el Presidente de la República en turno, es el único general de cinco estrellas, y es en consecuencia, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, por tanto, cualquier política pública de gobierno relacionada y vinculada con el campo de la seguridad, es jurídica y simbólicamente, responsabilidad directa del Ejecutivo Federal.
El sistema político mexicano ha creado un manto de protección a favor de los Presidentes. Un manto de impunidad.
Con la actual política de seguridad ni siquiera el Presidente López Obrador se salva de la quema. El propio presidente ha reconocido que el tema de la seguridad es “su coco”, y que, a pesar de su preocupación por los pobres, su gestión también podría quedar marcada por los altos niveles de inseguridad, lo que al final, lo pondría en el mismo saco en el que están Fox, Calderón y Peña Nieto.
No sé si eso le quite el sueño al Presidente. La neta yo si estaría bien preocupado.
De la libreta
° La sucesión está en marcha y todos los interesados están alimentando sus maquinarias. La séptima medición sobre Los presidenciables 2024 elaborada por C&E Research arroja una sorpresa. No solo Ebrard, Sheinbaum y Monreal están en la pelea dentro de Morena. En el documento aparece Tatiana Clouthier, y se ubica, además, por delante de Monreal.
° El caso de José Manuel del Río Virgen está ensanchando las diferencias entre las corrientes políticas de Morena. De su conducción en el Senado, está en juego también la posición de Ricardo Monreal.
° El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, han cometido un delito al utilizar a un menor de edad para realizar propaganda política y de gobierno. Son una muestra fehaciente de la banalización de la actividad política.
@HectorHerreraAR
