La confirmación de que Delfina Gómez retuvo y malversó dinero del salario de los trabajadores cuando era presidenta municipal de Texcoco debería ser el hecho más impactante de la agenda política de hoy. El señalamiento, ya probado, de que los salarios de los empleados municipales financiaron las actividades de Morena, convierte el escándalo en una bomba política que no debe minimizarse, pues sus alcances podrían ser devastadores en diferentes sentidos.
Antecedentes de esta situación existen en el Pemexgate priista y en el escándalo de los Amigos de Fox. Ambos casos marcaron un cambio de rumbo en los criterios y la forma de vigilar los recursos de los partidos y las campañas. En su momento, los argumentos para sancionar a priistas y panistas por aquellas triangulaciones de dinero se convirtieron en los pilares para fortalecer el sistema de financiamiento público de los partidos y la fiscalización de las campañas electorales.
Lograr un financiamiento transparente y revisable de las actividades partidista, para garantizar la equidad en la contienda electoral, es una de las más altas aspiraciones de la joven democracia mexicana. Por eso restarle importancia a lo resuelto ahora contra Delfina Gómez por el INE implicaría un retroceso histórico para México en materia electoral; particularmente en el aún insuficiente sistema de reglas del financiamiento y vigilancia a las finanzas de los partidos.
Para evitar el regreso a los tiempos del cinismo es indispensable una amplía y rigurosa discusión pública sobre la conducta de Delfina Gómez. Cerrar los ojos a lo que resolvió la Comisión de Fiscalización del INE equivaldría a tirar a la basura 25 años de experiencias y perfeccionamiento de las reglas de financiamiento y vigilancia a los partidos. Estas fueron elaboradas precisamente para evitar que el dinero del erario se desvíe a campañas en detrimento de la equidad en las contiendas, y que los intereses particulares se apodere de la política vía el financiamiento ilegal a los políticos.
La resolución del INE sostiene que, como alcaldesa, Delfina Gómez ordenó descuentos al salario de los trabajadores del municipio que gobernaba. Con el dinero retenido se benefició y benefició electoralmente a su partido, pues lo desvió hacia cuentas de operadores de la organización. No se trata de una especulación, ni de un reportaje, ni de una versión sin confirmar. Es una verdad legal, resultado de una investigación de cuatro años desarrollada por el órgano técnico de fiscalización del INE.
La posición de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública potencia el escándalo y obliga a revisar el caso con mayor rigor. En las condiciones actuales, la secretaria debería ser removida, de inmediato, de su cargo en el gabinete presidencial y sometida a una investigación penal, pues se convirtió ya en el flanco débil, más incluso que Manuel Bartlett o Irma Eréndira Sandoval, del discurso anticorrupción del presidente López Obrador.
La acusación es tan sólida y la cantidad de críticas, señalamientos, carteles y caricaturas de la secretaria de Educación Pública que inundan las redes sociales es tal, que cada día que pasa al frente de la SEP le resta credibilidad a la piedra angular de la narrativa presidencial: el combate a la corrupción.
Una evaluación aparte merece el decepcionante alcance de la sanción impuesta por el INE en este caso. Lorenzo Córdova ya tendría que haber salido a explicar el razonamiento que sustenta la decisión de multar a Morena con solo 4.5 millones de pesos cuando la investigación indica que los descuentos a trabajadores, malversados hacia actividades partidistas, alcanzaron los 12 millones de pesos.
Ni el Consejero Presidente, ni el resto de los integrantes del Consejo General, se han preocupado por explicar con detalle, la “lógica” de una sanción que parece una verdadera ganga para el partido infractor. El monto es ridículo porque apenas alcanza un tercio de la suma malversada, aparte de que la multa será pagada con la prerrogativa que Morena recibe de los impuestos aportados por los contribuyentes.
Para nadie es un secreto que la integración del Consejo General es resultado de un acuerdo político entre partidos. Igualmente se sabe que el presidente López Obrador mantiene un acoso declarativo contra el INE, incluida su amenaza de una reforma electoral que remueva a la totalidad de los consejeros electorales. En esa circunstancia, de acuerdo a la historia del órgano directivo del INE y ante la falta de explicaciones ampliamente difundidas, no faltará quien sospeche de que Lorenzo Córdova y sus compañeros consejeros impusieron una sanción baja a Morena, buscando primero evitar otra andanada de descalificaciones del presidente, y después tender un puente que les permita negociar el final de las amenazas de remoción anticipada que penden sobre todo el consejo.
El asunto es delicado por todas partes. Por un lado, protegida con un manto de impunidad, Delfina Gómez pone en entredicho tanto el discurso presidencial anticorrupción como el sistema de fiscalización del dinero de los partidos y las campañas. Por el otro, con su ridícula sanción, el INE de Córdova hace pensar en un pacto de no agresión contra Morena, que inevitablemente implicaría la sumisión a los deseos del gobierno y, por lo tanto, la renuncia a la autonomía del órgano electoral.
@EnvilaFisher
