Dr. Julio Jiménez Martínez
@AnalisisJurdic1
En plena recesión un paquete económico con ideología Populista y Austeridad Republicana.
No cabe duda que en la antesala de la mayor crisis económica mundial, la Política Económica en México se ejerce con una fallida Austeridad Republicana y con un gobierno que pretende imponer la ideología Populista.
Es importante dejar en claro, que las medidas de austeridad que buscan aprobación en lugar de solucionar problemas pueden ser muy peligrosas para el futuro de las sociedades, más cuando éstas son gobernadas por líderes populistas de derecha o de izquierda.
Incluso el especialista en derecho Tulio Antonio Salanueva Brito, Presidente de la Comisión Legal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, advierte sobre el discurso del Gobierno de la 4T que plantea una manera distinta de ejercer la administración pública, en materia económica bajo los siguientes tópicos:
1.-Primero los pobres.
2.-Combate a la Corrupción.
3.-Cero endeudamiento público.
4.-Ningún nuevo impuesto en los dos primeros años.
5.-Gobierno de austeridad.
Sin embargo, el Ejecutivo presentó un paquete económico que contempla diversas leyes que deberán establecer las políticas públicas en materia tributaria y economía para el ejercicio fiscal 2021, considerando que MORENA es la fuerza legislativa mayoritaria, es de suponer que la aprobarán sin mayores modificaciones de fondo.
Debemos considerar que, desde la campaña electoral del año 2018, se han repetido frases como “Por el bien de todos… primero los pobres”, «Se Acabo la Corrupción» y el clásico «No somos iguales», las cuales se pretenden materializar en el presupuesto a través de diversos programas sociales destinados a otorgar apoyos económicos o entrega de becas a grupos estratégicos entre los que destacan:
La pensión universal para adultos mayores, apoyos económicos para madres solteras y el programa de jóvenes construyendo el futuro (estudiantes), pero se deja sin respaldo a los sectores productivos del país que tienen una participación determinante en la dinámica empresarial, económica y financiera de México.
Recordemos en abril pasado, el gobierno de AMLO aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, a través de la cual se ordena el recorte presupuestal de hasta el 75% en los gastos operativos de todas las dependencias públicas.
Con esta medida, se ahorrarían 63 mil millones de pesos. Las instituciones más afectadas serían la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La eficacia del actual modelo económico no ha sido demostrada, sin embargo; es muy preocupante que, para el presidente de todos los mexicanos, su prioridad es atender programas sociales y dejar en segundo término o simplemente no considerar apoyo alguno o estímulo fiscal que fomente o detone el crecimiento de sectores fundamentales como son:
La salud, producción de alimentos, educación, deporte, emprendedurismo, energías limpias, investigación científica, tecnológica y desarrollo en infraestructura que son fundamentales para los mexicanos.
Es importante mencionar que Salanueva Brito, confirmó con base en el ejemplo de las economías más desarrolladas, ni la renta básica universal y tampoco el apoyo económico a grupos vulnerables abaten la pobreza, pues deben crearse las condiciones para que el ciudadano como base de la sociedad desarrolle plenamente sus facultades y obligaciones tributarias.
El especialista de la AMCP, afirma que será interesante analizar el contenido del presupuesto de egresos para ver qué porcentaje de los ingresos será destinado en los rubros antes señalados, aunque de no existir cambios, gran parte de los recursos serán utilizados para el pago de intereses de la deuda pública.
Los apoyos económicos se destinarán en las faraónicas obras de este gobierno como el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, entre otras que son la bandera de desarrollo en materia de inversión pública del Gobierno de López Obrador. Los programas sociales que son imperativos en la estrategia de política económica, social y electoral del gobierno de MORENA.
Es fundamental analizar si hay un impacto económico favorable con las estrategias económicas del Gobierno de la 4T y afirma que para los ciudadanos de a pie, aún no se perciben los beneficios o eficacia del nuevo estado de bienestar, prueba de ello es que la delincuencia organizada se encuentra en la cima de su operación, la policía, los ministerios públicos, los funcionarios públicos encargados de la procuración, administración de justicia, las autoridades en las esferas públicas Federales Estatales y Municipales ; se siguen cometiendo abusos y obteniendo prebendas al amparo de su cargo, por lo que si bien era importante barrer las escaleras de arriba para abajo, según Salanueva Brito.
Como se anunció desde la campaña y lo confirmo en el discurso de toma de posesión el primero de diciembre del 2018, los métodos han sido muy cuestionados, ya que funcionarios paradigmáticos de sexenios anteriores aún no han sido juzgados. Ahí están los casos de Emilio «L», Cesar Duarte, Tomás Cerón de Lucio, Luis Videgaray , los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, ex senadores, varios ex Gobernadores y exfuncionarios del sexenio anterior.
Salanueva Brito, sostiene que la tan arraigada corrupción en México no se elimina con discursos y buenas intenciones como el combate a la delincuencia con «Besos y abrazos» o con acusarlos con las mamás y las abuelitas de los capos de la delincuencia, reitera que es necesario destinar recursos para la preparación operación y capacitación de los órganos de control encargados de investigación y persecución de la delincuencia, lo cual no ocurre con el presupuesto que actualmente se ejerce, pues se ha dejado tal responsabilidad a la Fiscalía General de la República, la cual actualmente está rebasada debido a la excesiva carga de trabajo, los escasos recursos presupuestales y humanos, por lo que obviamente hay pocos resultados en la realidad de millones de mexicanos que confiaron en la nueva esperanza de México.
Paradójicamente en las conferencias diarias se presume como un triunfo de la administración de AMLO, que no habrá más contratación de deuda con organismos internacionales, sin embargo ello no es del todo cierto, pues en la exposición de motivos de la ley de ingresos se habla de un endeudamiento responsable, lo cual hace ver que la contratación de créditos es necesaria, puesto que prácticamente ningún gobierno del orbe ejerce su administración sin contratar deuda, puesto que sería terrible regresar a los gobiernos que sin hacer crecer la economía se dedicaron a generar la tan costosa deuda externa que actualmente pagamos, pero si se considera el impacto de la inflación y también se endurecen las medidas de fiscalización con nuevos instrumentos y tecnología para generar terrorismo fiscal y una flagrante violación a los D.D.H.H. de los contribuyentes que hará más nociva la recaudación.
Para los mexicanos es necesario tener un gobierno responsable en el ejercicio del gasto público, para evitar en la medida de los posible, los abusos del pasado, pero no es necesario llegar al extremo de un doble discurso con austeridad franciscana, pues lo deseable es que el aparato estatal en verdad sirva a todos los ciudadanos, lo cual solo es posible con un presupuesto ejercido con absoluta responsabilidad, honradez, eficiencia y sin distinciones ideológicas partidistas.
El caso mexicano frente a otros países es peculiar entre las economías emergentes. La 4T, no piensa global sino local. Es neoliberal en finanzas públicas, pero sueña con programas sociales. La austeridad la ve como imperativo moral, no como solución económica, lo que lleva a distorsiones en su aplicación.
Incluso una gran lección que ha dejado la pandemia es que la democracia y la seguridad social van de la mano. En los momentos de crisis, siempre hay un riesgo de perder los valores democráticos, lo cual resultaría trágico para una sociedad como la mexicana.
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