La semana pasada marcó agenda, una nota periodística en donde se ponía en evidencia, la declaración patrimonial del 2021, del actual asesor jurídico del gobierno del estado, Galdino Torrecillas, en la cual, se detallaban ingresos anuales del orden de los 82 millones de pesos, por lo que al ser cuestionado sobre semejante riqueza, el funcionario justificó que había sido la Contraloría Estatal, la que incurrió en semejante yerro, no por nada, en este mismo espacio editorial, aclaramos que hacía falta la versión de Raquel Arreola Fallad para tener la película completa de lo que había pasado, bueno pues dicha réplica se dio hasta este lunes, cuando la descrita salió a los medios de comunicación a dar su versión, lo que para algunos, luce algo tardía, aunque no deja de ser lo adecuado en este tipo de casos.
Arreola Fallad en una rueda de prensa aclaró que en definitiva, la dependencia a su cargo, no tiene la posibilidad siquiera de manipular las declaraciones patrimoniales de nadie, en especial, las del 2020 y 2021, pues fue en el 2018, cuando se modificó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción emitió nuevos formatos, a través de los cuales, todos los funcionarios de cualquier nivel gubernamental deben ser ellos mismos quienes rindan sus declaraciones patrimoniales y de interés y nadie más, por lo que resulta inverosímil la versión del Asesor de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de que otra instancia es responsable de la alteración de esos datos, por lo que quizá lo conveniente era haber reconocido que él o alguien de su equipo, se equivocó en el llenado de esa declaración, eso hubiera evitado tantos malos entendidos.
De manera textual, la Contralora fue clara al precisar que no cree que se trate de juzgar errores y que se trata de que cada quien asuma su responsabilidad en el caso y ser, vaya la expresión, responsables de lo que se hace y se dice, en clara alusión a quien la había incriminado de esa manera, pues no es casualidad que la dependencia estatal a su cargo, haya construido un sistema que es compartido tanto con el Poder Judicial como con 36 ayuntamientos y 9 organismos de los denominados autónomos, por lo que nadie, absolutamente nadie, en ese universo, tiene acceso a la declaración del otro, pues de trata de actos de carácter personal y casa quien debe ser responsables de los suyos, por lo que en este caso en particular, dijo desconocer si fue el propio Galdino Torrecillas, el que presentó dicha declaración o se apoyó en algún particular para llevarla a efecto.
Aunque cabe la posibilidad que haya existido un error en el llenado del formato referido, está claro que hay molestia entre dos integrantes del gabinete estatal que ya escenificaron un pleito público que, en lo absoluto, es lo más recomendable para una administración que ya está cerrando, máxime cuando el Asesor Jurídico aseguró que sus declaraciones patrimoniales habían sido manipuladas por alguien de la Contraloría Estatal, lo que en definitiva tampoco debió caer en gracia para quien aún da la ordenes en el Centro de Convenciones Bicentenario que por lo que se ve, está dejando que dos de sus colaboradores aclaren el malentendido, lo que para muchos está bien, pues quizá lo idóneo hubiera sido bajar el tema y a otra cosa, lo que está claro, no está ocurriendo y que nos permite como ciudadanos hacer nuestras propias congeturas de lo que pasó, ahora a ver que dice Galdino Torrecillas sobre esos 82 millones de ingresos anuales, pues esta versión que se trató de construir, no llegó a buen puerto.