Por Yamiri Rodríguez Madrid
El caso del feminicidio de Monse Bendimes volvió a ser foco de atención mediático con la situación jurídica de los padres del presunto responsable de este crimen. El viernes, un juez federal les concedió la libertad por no encontrar las pruebas suficientes de que encubrieron a su hijo Marlon N, hoy también tras las rejas, a dos años de los hechos.
Pero unas horas después el caso dio un vuelco cuando la Fiscalía General del Estado dio a conocer que los imputó como presuntos responsables del delito de omisión de auxilio cometido en agravio de quien fuera la novia de su hijo, una jovencita de poco más de 20 años, con toda una vida por delante. Por eso, como medida cautelar, la pareja permanecerá en prisión preventiva hasta por un año en Playa Linda, en el Puerto de Veracruz.
Lo que más llama la atención es que en el Congreso Local ya casi cumple un año en la congeladora la iniciativa de reforma que la diputada Anilú Ingram Vallines y la colectiva Brujas del Mar presentaron para, precisamente, castigar a quienes encubran o ayuden a escapar a feminicidas y a la que llamaron Ley Monse.
Pese a que todos los meses en Veracruz se registran asesinatos de niñas, jóvenes y mujeres por razones de género, para muchos de nuestros legisladores locales reformar el Código Penal para inhibir este delito, no es una prioridad.
A eso sumemos que, conforme a datos de la Secretearía de Seguridad y Protección Ciudadana, por cada 100 delitos cometidos contra las mujeres en el país, sólo uno llega a sentencia por parte de las autoridades de impartición de justicia. Otro tema que, evidentemente, tampoco les interesa.
Esperemos que con este revuelo que ha provocado otra vez el asesinato de Monse, finalmente se les pueda dar justicia a su familia y a las de todas las víctimas de feminicidio.
