Las decisiones que ha tomado el gobierno de López Obrador durante los meses de la pandemia están teniendo graves costos y consecuencias que afectan la convivencia y el bienestar de millones de familias.
Los costos son económicos, pero sobre todo sociales, empezando por la salud en general (más de 160 mil contagiados y cerca de 20 mil muertos hasta ahora) y la de los trabajadores del sector que cubren extenuantes jornadas en riesgosas condiciones, con su consecuente cuota trágica de pérdidas humanas como resultado de los recortes presupuestales al sector para destinarlos a programas clientelares del Presidente.
En otro terreno, según diversos estudios de reconocidos especialistas y organismos nacionales e internacionales, la economía, ya en recesión, podría caer en un 10% en este 2020; “al 12 de julio un millón 343 mil personas habrán perdido su empleo formal y 2 millones 103 mil establecimientos ya no abrirán, (y aunque) doce entidades de la República (se encuentran) en semáforo naranja, las empresas no tienen flujo, su producción es nula; y enfrentarán la nueva competencia económica con la entrada en vigor del TMEC además de que deben cubrir las recientes tarifas de posteo publicadas el 10 de junio en el DOF», como lo reporta José Ignacio Martínez, coordinador de LACEN-UNAM.
Según datos del INEGI, para el mes de abril ya 12.5 millones de personas habían dejado de percibir un ingreso, principalmente por la parálisis de la economía informal, así como por el cierre de centenares de miles de micro y pequeñas empresas. Son 12.5 millones de familias que han quedado en el desamparo.
De acuerdo con una encuesta publicada el 16 de junio (El Economista), dos de cada tres familias tuvieron en mayo menos ingresos que en meses anteriores, y la mitad de ellas fue de apenas un 50% de lo habitual.
El CONEVAL reporta en el mes de mayo que “de los 19 programas sociales prioritarios del gobierno, solo 8 son relevantes para atender la pobreza… también que por la crisis económica (acelerada por la pandemia) aumentarán entre 6.1 y 10.7 millones las personas en condiciones de extrema pobreza durante 2020” (Mario Maldonado, El Universal, 16 de junio). Un adiós -por el momento- a la clase media por parte de millones que aspiraban a mejorar su estatus social.
En coincidencia con esto, se ha dado a conocer que centenares de miles de estudiantes de todos los niveles de escuelas privadas ya no podrán regresar por falta de recursos.
Sin eludir la dramática situación que vive el campo mexicano, los enunciados son algunos ejemplos relevantes de las consecuencias inmorales de la llamada «economía moral» de un Presidente que no quiere asumir un programa económico de emergencia.
Ante las propuestas de amplios grupos de la sociedad que le solicitan medidas para proteger empleos e ingresos y que decrete un ingreso básico solidario durante los próximos tres meses, López Obrador los acusa de ser sus “adversarios, los conservadores”, que se agrupan contra “los liberales”. Las críticas y planteamientos alternativos, como las de más de una decena de gobernadores, las califica como “politiquería”.
Para que no se hable de su fracaso gubernamental en seguridad («sólo secuestran a los que tiene dinero”), economía y salud, inventa una conspiración (el “BOA”) “para ganarle” las elecciones en 2021 y la revocación de mandato en 2022; él ya está en las elecciones, mientras las y los mexicanos viven la angustia del cómo subsistir día con día.
Así, se mete ilegal e inconstitucionalmente al proceso electoral, como lo hizo Fox en el 2006, al grado de proponer a los opositores, que formen el partido de “los conservadores”, para enfrentar al suyo, “los liberales”(como si Morena, el PES y PVEM lo fueran).
Ante este desvarío autoritario con hedores dictatoriales, es necesario integrarnos como un frente por México, en defensa de la democracia, los derechos, las libertades, la república, el equilibrio de poderes, la seguridad, el empleo y los ingresos de la gente, fortalecernos como mexicanos y recuperar nuestros espacios ante el autócrata en el 2021.
Twitter: @Jesus_ZambranoG
