El cambio en la correlación de fuerzas, que resultó de las elecciones del 6 de junio, es la expresión de una nueva realidad: La sociedad quiere y exige un cambio en el país. El bloque gobernante conducido por Morena perdió la confianza entre el electorado.
A partir de este domingo, tendremos una nueva situación con la composición de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, ya que la coalición legislativa Va por México, integrada por las bancadas del PRD, PAN y PRI, contará con el 42 por ciento del total de las y los legisladores que darán la pelea por frenar los desaciertos de la llamada “Cuarta Transformación”.
El mandato de la ciudadanía es claro: No quiere la hegemonía de un solo partido, de una sola fuerza, sino los equilibrios y el diálogo que construyan acuerdos. La gente rechaza la polarización.
Vemos, sin embargo, que las señales del lado gobernante no apuntan en ese sentido, sino en negarse a reconocer que ya no pueden tomar las decisiones haciendo a un lado o pasando por encima de los sectores que no concuerdan con ellos.
Así, Morena, PT y Partido Verde pretenden conformar en San Lázaro, un bloque para asumirse como mayoría y presidir la Mesa Directiva, así como la Junta de Coordinación Política durante el próximo trienio y, como consecuencia, quedarse con las presidencias de las comisiones fundamentales para el progreso nacional. Es decir, el agandalle más burdo.
Pero la coalición Va por México no se doblegará y, para comenzar, el pasado 21 de agosto dio el primer paso con un anunció inédito: PRD, PAN y PRI trabajarán una “agenda común” para presentar un proyecto de presupuesto de egresos alternativo al del Ejecutivo, actuar como contrapeso en defensa de los principios de la República democrática, de la preservación de los organismos constitucionales autónomos y los derechos sociales y ciudadanos, así como para hacer valer ese 42 por ciento de presencia social que representa para reflejarla en los órganos de gobierno y la integración equilibrada de las comisiones.
Morena debe tener en cuenta que, para elegir a la mesa directiva, se requieren las dos terceras partes de los votos, cosa que ellos ya no tienen.
Es preocupante que los legisladores de la coalición gobernante no hayan entendido y mantengan la postura de la confrontación y la polarización, en lugar del diálogo y la construcción civilizada de acuerdos.
Algo similar está sucediendo en la Ciudad de México. Ante el hecho de que Morena perdiese la mayoría de las alcaldías y sólo tendrá la mitad de las diputaciones del congreso local (contando a sus aliados) quieren citar a un periodo extraordinario antes de septiembre para quitar funciones que hoy tienen las alcaldías en materia de seguridad, servicios públicos y verificaciones, entre otros, y concentrarlos en la jefatura de gobierno.
Ante la derrota electoral, el revanchismo troglodita.
Quieren ganar con actos autoritarios lo que democráticamente perdieron en las urnas; insisten en querer operar con manos libres hacia el 2024. La “regenta” quiere dar un golpe de Estado técnico contra la voluntad popular para mantener la confianza del dedo presidencial.
Precisamente como defensores de la ley y de los principios democráticos, los presidentes nacionales de los tres partidos de la oposición, estuvimos en Washington, para exponer ante la OEA y la CIDH, las graves violaciones cometidas a la Carta Democrática Interamericana firmada por nuestro país en 2001, así como contra los derechos humanos.
Particularmente, acudimos a denunciar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por haber consentido la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones y hacer ganar —a través del miedo— a los candidatos de Morena en Michoacán, Campeche, San Luis Potosí, Guerrero y Sinaloa.
Y precisamente esto, el papel del crimen organizado se ha convertido en el principal peligro para la democracia.
También denunciamos las crisis que —en materia política, económica, social y de salud— se viven en nuestro país, al tiempo que solicitamos la posibilidad de que, en las próximas reuniones generales de la OEA y la CIDH, se planteen asuntos como el hostigamiento del gobierno mexicano contra el Instituto Nacional Electoral y el uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores políticos (entre ellos la exigencia de la libertad para Rogelio Franco, diputado federal electo) sin dejar de lado el acoso gubernamental a los medios de comunicación y líderes de opinión (como es el caso de los trabajadores de Notimex).
En esta gira, corroboramos que hay mucha preocupación de la comunidad internacional sobre lo que pasa en México, y está claro que a AMLO le incomoda que ello se ventile fuera del país. Sería entonces conveniente que vaya apostando al diálogo y deje la confrontación que solo le reditúa pérdidas y mayores crisis.
Presidente Nacional del PRD
@Jesus_ZambranoG
