@Jesus_ZambranoG
La jornada comicial del próximo 6 de junio se efectuará en un escenario impregnado de autoritarismo, confrontación política e intolerancia, impulsadas desde la presidencia contra sus opositores, por una parte, y por la otra, los efectos múltiples de la pandemia -hasta ahora incontrolada- que mantiene en zozobra e incertidumbre a la sociedad.
Es la primera vez que en el México democrático, transitamos un proceso electoral con estas características.
Son peligrosos riesgos y, al mismo tiempo, enormes retos que se presentan ante quienes estamos empeñados en lograr que haya elecciones verdaderamente libres y democráticas apegadas al marco normativo.
El autoritarismo gubernamental ha ido acentuando la concentración del poder en un solo individuo mediante el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial, y la cooptación y sometimiento de los órganos constitucionales autónomos, además de la amenaza de desaparición de otros muy importantes como el INAI y el IFETEL e, incluso, acosando, descalificando y ahogando presupuestalmente al INE y al Tribunal Electoral.
Los órganos constitucionales autónomos son instituciones que incomodan al “autócrata de palacio”, quien no admite críticas ni exigencias de transparencia en el manejo de los recursos de la Nación y quiere, a como dé lugar, que el árbitro electoral no actué con imparcialidad.
Así, en su afán de mantener el control del poder Legislativo y afianzar su proyecto antidemocrático, pretende lograr la mayoría para su partido en San Lázaro y en los estados donde habrá elecciones locales.
Ello explica la indebida intrusión presidencial en el proceso electoral a través de “las mañaneras” y el uso de su “ejército electoral” privado -los “vividores de la Nación”- para manejar los programas sociales que, en este 2021, contarán con más de 300 mil millones de pesos para operar políticamente a favor del Presidente y su partido.
Esto afecta las reglas básicas de un proceso electivo democrático por lo cual deben desmontarse mediante los instrumentos y reglas que fijen tanto el INE como el Tribunal Electoral.
El escenario político se complica por los efectos de la pandemia del COVID-19, que ya ha cobrado más de 200 mil vidas y contagiado a unos dos millones de personas, sin que el gobierno de López Obrador decida modificar su estrategia a pesar de que la semiparalización de la planta productiva ha provocado el cierre de centenares de miles de micro, pequeñas y medias empresas con el subsecuente despido de millones de trabajadores.
Ningún plan de emergencia económica, sanitaria y social se quiere adoptar por parte del gobierno.
Y para colmo de males y de la desfachatez oficial se está haciendo un uso inmoral y criminal, de la campaña de vacunación -que ni siquiera cuenta con las vacunas suficientes- para beneficiar al partido en el poder.
En un escenario con estas características se complica la organización de la jornada electoral, ya que se corre el riesgo de que un significativo número de ciudadanos que sean insaculados para fungir como funcionarios en las casillas no acepten participar por temor a contagiarse.
Este es un factor que deben tomar en cuenta las autoridades electorales y los gobiernos a efecto de que este importante cuerpo ciudadano tenga todas las seguridades para cumplir con su deber.
No se puede perder de vista que el gobierno de la República puede estar apostando a que los seleccionados por el INE no acudan a los mencionados cursos de capacitación y así tomar el control del proceso y manipular el resultado de las elecciones. Se trata de un riesgo real y un enorme peligro.
Son grandes las probabilidades de que la coalición “Va Por México” obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados para reorientar el presupuesto, y que también gane la mayoría de las gubernaturas, municipios y distritos locales, lo cual tiene nervioso al autócrata del país.
Por eso, la sociedad en su conjunto debe estar atenta a estos riesgos y exigir comicios libres y democráticos.
