Esta fue una mala semana para la dignidad del Congreso y la libertad de ciudadanos y legisladores para criticar lo que a su juicio pueda ser un mal ejercicio de gobierno, desviaciones o fallos en el actuar de las instituciones del Estado, en este caso a las fuerzas armadas mexicanas como protagonistas de un proceso de militarización creciente y que fueron exhibidas en el escándalo de Guacamaya Leaks.
Un hackeo que reveló presuntos vínculos de sectores del Ejército con bandas criminales como Los Zetas o del gobernador Enrique Alfaro con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de la complicidad de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Pemex con en huachicoleo en Dos Bocas, Tabasco; de las intenciones de Sedena por hacerse indefinidamente de las concesiones del Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, el espionaje a periodistas con el software Pegasus, seguimiento a políticos opositores o la salud del Presidente.
Escándalo sin duda que hace obligado que el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre esos presuntos vínculos de militares con el crimen organizado, el espionaje a políticos opositores y periodistas o de la vulnerabilidad de sus sistemas informáticos, así como del desempeño de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en el contexto del proceso de reforma para subordinar la Guardia Nacional a Sedena.
Pero los llamados de diputados y senadores que exigen que el jefe del Ejército rinda cuentas generó una virulenta respuesta por parte del gobierno federal y su partido Morena, que han protagonizado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación y precandidato presidencial Adán Augusto López, así como senadores y diputados de Morena.
Desde el comienzo de la semana AMLO mostró de nuevo su desprecio y el de su gobierno, como gobiernos anteriores, por la división de poderes y en especial por la soberanía del Congreso de la Unión, al llamar “politiquería” la molestia de los diputados de la Comisión de Defensa Nacional por la negativa del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, a comparecer por el caso Guacamaya Leaks.
Un ejemplo más de que en la 4T no se concibe que una obligación de los encargados de la función pública rendir cuentas ante el Congreso y respetar los fallos del Poder Judicial. Cuando se les imponen los límites de la ley o son criticados simplemente descalifican acusando “politiquería”, “corrupción”, “conservadurismo” o “intereses creados”.
Conforme avanzó la semana el discurso del gobierno-Morena se volvieron más virulentos, como en el caso de Ignacio Mier, coordinador de la fracción de los diputados federal de Morena en San Lázaro El presidente de la junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier calificó de “irrespetuoso e imprudente” al diputado Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano por pedir en lo individual la comparecencia del general Luis Cresencio Sandoval.
Mier utilizó como argumento que la ley establece que es el titular de la Segob el responsable exclusivo de la relación del gobierno con el Congreso y que son comisiones las que pueden someter al pleno la solicitud de comparecencia de cualquier miembro del gabinete.
Su reclamo se dio previo la comparecencia del gabinete de Seguridad ante el Senado, cuyo formato fue cambiado de último momento para que sólo pudiera tomar la palabra y responder preguntas Rosa Icela Rodrígez, titular de la SSPC, para evitar que hubiera cualquier intercambio entre el general Sandoval y el titular de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, en la reunión del pasado miércoles.
Lo que no se pudo evitar en esa comparecencia fue que la oposición, destacadamente a través de los senadores Lilly Téllez y Germán Martínez, quienes por un lado los acusaron de temer enfrentar a los capos del narcotráfico y por el otro formar parte de un proceso de la militarización que pone a México a un paso del autoritarismo y el fascismo.
Pero tampoco la cada vez mas recurrente salva de insultos y calificativos de parte algunos de los conspicuos integrantes de la mayoría Morenista, como la senadora por Baja California Sur Lucía Trasviña, recordada por exhibirse con armas en redes sociales y ser conocida por su agresivo e insultante discurso contra los miembros de la oposición.
En esta ocasión no fue la excepción pues la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, en su ramplón, gritón y descalificador, sostuvo que sólo Morena tiene la representación ciudadana y calificó a los legisladores opositores y críticos de la 4T de “pedorros, derrotados”, “cómplices silenciosos del crimen organizado”… “Puro mediocre cab*ón” que no viene a legislar. Y los acusó de “cabrones mentirosos” por denunciar que México se esta militarizando.
Pero la cosa no quedó ahí, regresó el ayer a la mañanera donde Rosa Icela Rodríguez presentó el informe trimestral en materia de Seguridad Pública, donde a pesar de que se volvió a incrementar el numero de homicidios dolosos en este periodo, presumió la baja de delitos en otros indicadores, lo que mereció un “¡Tengan para que aprendan!” de parte de AMLO, quien además consideró “injustas y groseras” las críticas al gabinete de seguridad.
Pero no sólo eso, calificó de “conservadores hipócritas” a quienes desde la oposición critican una militarización que atribuyó a los gobiernos anteriores del PRI y el PAN que, afirmó, permitían torturas y masacres.
Y no se puede negar que tiene razón López Obrador al sostener que los militares salieron a las calles para realizar labores de seguridad pública por iniciativa de los gobiernos que le precedieron, específicamente fue el de Ernesto Zedillo y esa política fue sostenida por Vicente Fox, ampliada por Felipe Calderón con su “guerra frontal” contra el narco y continuada por Enrique Peña Nieto.
Aunque vale la pena aclarar que entonces el rol extendido de las fuerzas armadas quedó restringido a la defensa nacional, seguridad pública y apoyo en caso de desastres y nunca se contemplo que construyeran, operaran y aeropuertos o trenes, construyeran sucursales bancarias o controlaran la administración y operación de las aduanas.
En fin, así las cosas con la cargada de AMLO, su gobierno y Morena contra quienes advierten sobre el riesgo de militarización de México al extender las labores del Ejército y la Marina a la esfera civil y los que pretenden que los militares rindan cuentas ante el Congreso.