Luego de varios meses de polémica por el delito de ultrajes a la autoridad, finalmente hace apenas unos días comenzaron a salir libres los primeros presos por ese delito, aunque hay que aclarar que, de los más de mil casos, no todos quedarán en libertad porque tienen otras condenas que purgar y porque también hay casos en los que sí tienen que ser castigados conforme a la magnitud de lo que hicieron.
Entre los que ya vieron la luz están César Julián Herrera Víquez, el videógrafo costarricense que en agosto del año pasado fue detenido bajo esta figura en el municipio de Coatepec. Al final no se pudo probar nada en contra del yerno de Abel Cuevas Melo, pero los 7 meses tras las rejas nadie se los va a devolver.
Heber Rafael y Antonio Galán Contreras, también quedaron ya liberados luego de 5 meses en prisión tras oponerse a que desalojaran su terreno en favor de la cementera de Apazapan; a uno lo mandaron a encarcelar a Tuxpan, al otro a Pacho Viejo y hoy, después de la prisión, finalmente los hermanos están en sus hogares.
Ahora les toca a muchos más. Pero mientras eso pasa, este fin de semana, militantes perredistas se manifestaron ante la Fiscalía del Estado para exigir la liberación de presos políticos, entre ellos su líder moral y ex secretario de Gobierno en el bienio yunista, Rogelio Franco Castán.
Sin embargo, como lo han expuesto los morenistas, hay una diferencia abismal entre presos políticos y políticos presos. Para entender mejor lo anterior, Amnistía Internacional señala que los “presos de conciencia” o presos políticos como se les llama aquí, son aquellos que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma y que algunos son personalidades destacadas, activas y conocidas en la vida política. Muchos son abogados, políticos, sindicalistas, artistas, que frecuentemente cuestionan a los gobiernos, Un caso claro es el de Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela.
Ahora bien, es innegable que en Veracruz hay una cantidad de políticos -ex funcionarios pues-, que están tras las rejas como la ex comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez; el ex presidente municipal de Tierra Blanca y ex diputado local, Tito Delfín Cano; Bernardo Segura Molina, ex Subsecretario de Finanzas y Administración también en el yunismo; la ex diputada federal perredista, Azucena Rodríguez; Antonio Gómez Pellegrin, ex secretario de Finanzas con Javier Duarte; al alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas así como el alcalde suplente, Ángel Vichy, y así una larga lista.
En el caso de la primera, está acusada por uso indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición; Tito Delfín es investigado tras las rejas por presunto daño patrimonial; Segura Molina por uso indebido del servicio público y abuso de autoridad; la perredista por su presunta participación en un homicidio; al Secretario de Duarte por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y desvió de recursos comprometidos al servicio público así como el supuesto pago a empresas fachadas, en tanto que el alcalde electo y el suplente de Lerdo, por el presunto delito de secuestro agravado. De todos, Rogelio Franco fue el único detenido por ultrajes, pero el ministerial traía la denuncia de la ex esposa por supuesta violencia intrafamiliar.
Por eso insisto, es sumamente complejo que alguno de ellos sea liberado en este gran paquete tras la derogación del delito, pues inocentes o culpables, sus delitos sean fabricados o reales, son harina de otro costal y, por ende, seguirán guardados otro largo rato.
@YamiriRodriguez
