Muy nerviosos trae a varios rectores del país, incluida a la de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, la intención de varios congresos locales por atentar contra la autonomía de las universidades públicas, como es el caso de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la del Estado de México (UAEM).
En el caso de la UABCS, fue a través de una iniciativa ciudadana presentada el 29 de marzo por un maestro jubilado y un alumno, mediante la cual solicitaban crear una nueva Ley Orgánica para dicha institución. El joven curiosamente lleva el mismo apellido, Trasviña, que la senadora morenista de ese estado, Lucía Trasviña.
En una situación muy parecida se encuentra la UAEM, a quien la bancada de Morena en su Congreso Local propuso modificar su ley orgánica para ratificar los periodos de cuatro años sin reelección, además de que prohíbe la elección de ex rectores y propone nuevos órganos para garantizar la democratización de la universidad.
Pero por esas fechas, recordemos que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentó ante el Congreso Local otra iniciativa, muy parecida a éstas, que atenta contra la autonomía de El Colegio de Veracruz (Colver), una de las varias instituciones públicas de educación superior en la entidad y que actualmente se encuentra en pausa su discusión.
Por si las dudas y antes de que les quieran meter mano, la Universidad Veracruzana conformó una Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la UV, esto a fin de armonizar la normatividad universitaria con las transformaciones jurídicas producidas en los últimos años en las instituciones del Estado mexicano, tanto en los ámbitos federal como local.
De acuerdo con la Comisión, tales transformaciones han provocado complejidades e insuficiencias en la gestión universitaria, por lo que buscarán aplicar el fortalecimiento de los derechos humanos, las reformas en materia de educación superior, la transparencia, la fiscalización en la administración de los recursos económicos y la contabilidad gubernamental, entre otras, pero, primordialmente, el contar con el cuerpo normativo adecuado para ejercer la facultad de iniciar leyes o decretos producto de las reformas a la Constitución local en sus artículos 10 (2017) y 34 (2018).
Hace bien la UV en adelantarse pues, si llegarán a proceder contra las otras tres instituciones mencionadas, solo será cuestión de meses para que le toque su turno en la guillotina de la autonomía.
Yamiri Rodríguez Madrid
@YamiriRodriguez
