Gabriela Cuevas Barron.
México está en la antesala de elegir a su primera Presidenta de la República. Las encuestas indican una alta probabilidad de que las fuerzas políticas más competitivas elegirán mujeres como sus candidatas para representarles en la boleta presidencial. Sin duda, esto escribiría una nueva página en la historia de México y en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
A esta buena noticia es importante añadir los logros obtenidos, a lo largo y ancho de todo nuestro sistema institucional, en materia de acceso de las mujeres a la toma relevante de decisiones. Por un lado, la eficacia de las cuotas de género plasmadas en el texto Constitucional se han traducido en un Poder Legislativo con paridad en las dos últimas legislaturas y, con el cuarto lugar mundial por el porcentaje de mujeres en la integración de las Cámaras. Por el otro, es la primera vez en nuestra historia que el Poder Judicial de la Federación también es presidido por una mujer.
Si bien la mayor presencia de las mujeres en el ejercicio del poder público es una buena noticia, la realidad es que las niñas y mujeres mexicanas aún padecemos desigualdad e incertidumbre en el acceso a oportunidades en distintos ámbitos, además de que millones continúan expuestas a la discriminación y la violencia incluso en su círculo más cercano.
Según datos de REDIM, un total de 2,188 asesinatos (considerando la suma de homicidios más feminicidios) de niñas y mujeres adolescentes han sido registrados a nivel nacional de enero de 2015 al mismo mes de 2023. Para mujeres adultas, las cifras oficiales también reflejan la grave situación de violencia: se reportaron 6,543 feminicidios en ese periodo. Sin embargo, al 2022 se estima que sólo uno de cada tres de los casos son clasificados como feminicidios. En México cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres y niñas.
El CONEVAL publicó cifras que muestran la cruda realidad para millones de mujeres y niñas mexicanas: 25 millones no tienen acceso a los servicios de salud, 24 millones viven en pobreza y, en pleno 2023, los hombres ganan en promedio 21.6% más que las mujeres. Adicionalmente, la ENDIREH 2021 reveló que 2 millones 765 mil mujeres que trabajaban fuera del hogar sufrieron alguna discriminación laboral relacionada con el embarazo. Por su parte, el CONAPRED afirma que 88% de las quejas presentadas por discriminación laboral por embarazo ocurrieron en el ámbito particular, mientras que el 12% fueron en el sector público.
La creciente y fortalecida presencia de mujeres en los cargos de decisión más importantes del Estado tiene que traducirse en un cambio de fondo de políticas públicas. ¿Qué sucedería si la Presidenta de la República, las 64 senadoras, 250 diputadas, la Presidenta de la SCJN y las cientos de gobernadoras y presidentas municipales se unieran en 2024 bajo una estrategia articulada para combatir y desterrar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres; si acordaran programas y presupuestos con visión de género; si diseñaran e implementaran políticas laborales, económicas, de salud e infraestructura pensando en la plena inclusión de mujeres y niñas; si garantizaran nuestro pleno acceso a la justicia?
¿Qué pasaría si con la mayor representatividad histórica de las mujeres en los tres poderes de la unión y los tres órdenes de gobierno, se perpetuaran las mismas inercias – o incluso se agravaran las tendencias – en feminicidios, discriminación e injusticia en el acceso a los servicios públicos más esenciales? Este es un escenario que ni las mujeres ni México nos podemos permitir.
