El reto que implica la seguridad debe ser enfrentado en conjunto en coordinación entre los tres niveles de gobierno en una zona de neutralidad política
México. – Este miércoles se celebró la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, presidida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con la asistencia del Gabinete de Seguridad Federal y los 32 Gobernadores de la República.
Los Gobernadores destacaron, el tema de seguridad, el que más lastima y preocupa a las familias mexicanas no debe politizarse. El reto que implica la seguridad debe ser enfrentado en conjunto en coordinación entre los tres niveles de gobierno en una zona de neutralidad política.
La Seguridad no puede ni debe estar relacionada con reuniones u horarios de asistencia; sino con una estrategia y políticas públicas que permitan recuperar la paz y la tranquilidad para los mexicanos.
El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González destacó los trabajos de coordinación que en la entidad se han emprendido en coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República; con acciones de comunicación y coordinación las 24 Horas de los 365 días del año. La única vía para alcanzar el éxito en una estrategia de seguridad y justicia, es el trabajo coordinador y dedicado.
Hoy en día los mayores índices delictivos corresponden a delitos del orden federal como crimen organizado, narcotráfico, huachicol, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando; por lo que las autoridades federales deben asumir su responsabilidad y enfocar las acciones para combatir la disputa entre grupos criminales que cometen delitos federales.
Trasladar a los estados la responsabilidad ante la ciudadanía del fracaso de la no estrategia de seguridad en nada contribuye a resolver el problema y sí enrarece el ambiente en perjuicio de la coordinación.
Carlos Joaquín destacó que al hablar de estadísticas, es necesario que todas las partes participen para fortalecer la transparencia; finalmente, son las autoridades federales quienes tienen facultad, responsabilidad, recursos económicos, tecnologías y equipos de inteligencia para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada.
