OPINIÓN

Antidemocracia universitaria

 

Por Gonzalo Sánchez Soto

 

El fantasma de un conflicto estudiantil de gran escala recorre el país. Hay un proyecto gubernamental bien definido, que avanza, para someter a las universidades públicas a intereses políticos y partidistas. Ese proyecto pasa por aplastar la autonomía y, con ella, la estabilidad universitaria, vía la injerencia y la introducción del caos en la elección de sus rectores.

 

La iniciativa del diputado Armando Contreras Castillo no fue una ocurrencia sino una sonda gubernamental, diseñada y lanzada para medir la reacción de la comunidad puma frente a otro intento abierto de someter a la UNAM, como ocurrió con el CIDE, ahora a través de intervenir, desde el Congreso de la Unión, en la elección de su próximo rector y, con ello, suprimir de hecho su autonomía constitucional.

 

Por ahora, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Sonora, ya son víctimas del plan gubernamental, orquestado desde Morena, para violar y aplastar la autonomía universitaria.

 

La operación para cancelar la garantía de libertad de cátedra y autogobierno de las universidades se ha desarrollado a través de los congresos locales de las respectivas entidades federativas, todos con mayoría parlamentaria de Morena. Ahí han aprobado leyes estatales de Educación Superior, a través de las cuales se confiere a los diputados la atribución de modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas, para abrir paso a los mismos legisladores a intervenir en el proceso de elección de los respectivos rectores; algo que hacen con criterios partidistas, no académicos.

 

Armando Contreras es un hombre que nunca ha formado parte de la UNAM. Quizá por eso no sintió vergüenza por el ridículo a que se sometió al agredir a su comunidad universitaria con un proyecto de ley deficiente, sin justificación histórica ni fundamentos lógicos y, además, violatorio de la propia Ley General de Educación Superior que la mayoría parlamentaria de su partido, Morena, aprobó apenas en 2020.

 

Si la iniciativa del diputado morenista se retiró, fue porque casi al mismo tiempo que él la inscribía y circulaba en la opinión pública, en la UNAM aparecieron voces autorizadas que la desacreditaron con datos históricos, hechos actuales, argumentos, normas vigentes, y análisis puro y duro. En cuestión de horas, desde la universidad se alzaron voces de estudiosos y expertos, no solo en la vida universitaria, también en la ley, que advirtieron las insuficiencias, fragilidades y contradicciones legales del proyecto que proponía la elección del rector por voto universal, directo y secreto de la comunidad.

 

Quizá el más reiterado, por lo consistente e irrefutable de esos argumentos, fue el relativo a la Ley General de Educación Superior, que obliga a que cualquier iniciativa que busque modificar la forma de gobierno de una universidad autónoma, surja de la propia comunidad universitaria, este avalada por una consulta seria a esa comunidad y además, considere la opinión expresa de los órganos de gobierno universitarios. La iniciativa del diputado de Morena no cumplía ninguno de esos requisitos.

 

Pero hay un argumento más, puesto sobre la mesa por Raúl Contreras Bustamante, para cuestionar la justificación de esta iniciativa falsamente democratizadora. Palabras más, palabras menos, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que “Las Universidades no son organizaciones políticas sino académicas, pero casi todas las decisiones que se toman en la UNAM se procesan colegiadamente a través de órganos de deliberación y decisión, electos democráticamente. La propia Junta de Gobierno es un cuerpo colegiado, de renovación escalonada, elegido por el Consejo Universitario, que a su vez, es el congreso más numeroso del país después del Congreso de la Unión, pues cuenta con más de 300 consejeros y se integra por representantes de académicos, trabajadores y alumnos de la institución”.

 

La precisión del director de la Facultad de Derecho obliga a analizar, a detalle, si de verdad la UNAM vive el gobierno antidemocrático de una junta de notables, que el discurso populista del CEU, sostiene desde los años ochentas, y todavía hoy enarbolan algunos ex dirigentes estudiantiles convertidos ahora en funcionarios.

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