La sorpresiva detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, parece más bien una estratagema para ocultar la falta de resultados en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, hace ya casi ocho años, que un avance en el esclarecimiento de los hechos.
Pasado el estupor de los primeros días de ese terrible crimen, la narrativa del crimen ha variado sólo en detalles, pero no en sus grandes rasgos.
Se supo desde las primeras semanas que al secuestrar autobuses en Iguala, los estudiantes vueltos atracadores intentaron llevarse un autobús que ocultamente transportaba un cargamento de droga. Y que probablemente esa tropa juvenil lo ignoraba, pero no sus líderes, coludidos también con uno de los carteles que trasiegan estupefacientes. Así se selló su destino.
Hasta la fecha muchas interrogantes se mantienen sobre el caso, una central, dónde están los restos de los jóvenes, que se supone fueron asesinados. En cambio, ahora se acusa al exfuncionario detenido de tortura y de obstruir la justicia, lo cual es interpretado más bien como una medida que le ofrece réditos políticos al actual régimen.
Veremos en los próximos días si en el nuevo giro hay algo más que una nueva cortina de humo que sirva para transitar en el octavo aniversario de los terribles hechos.
En contraste, para lo que sí sirvió fue para intentar restarle resonancias a la liberación de Rosario Robles, la exsecretaria que, independientemente de su culpabilidad o inocencia, pasó más de tres años en la cárcel por delitos que según la ley no ameritan prisión preventiva.
El atropello fue claramente una venganza política en la que se involucran desde el primer juez que conoció del caso hasta quien la ha visto desde hace dos décadas como su enemiga por la relación de la señora con el empresario argentino Carlos Ahumada.
Si en política se dice que las coincidencias no existen, menos aún ocurren en un asunto tan particular como el encarcelamiento o excarcelación de personajes del sexenio pasado.
Por cierto, Murillo Karam debería afrontar cualquier reclusión en su domicilio, por la simple razón de su edad.
Claro que eso es pensar con la audacia de que la ley es la ley.
