En medio de la crisis sistémica que vive el país el presidente de la república debería de erigirse como un factor de unidad, como el eje articulador de un amplio acuerdo que integre a toda o a la mayor cantidad de fuerzas y actores que conforman el pluralismo del México del Siglo XXI. Esa sería la actitud de un auténtico estadista, de alguien a la altura de los tiempos y las circunstancias.
Como se hace evidente día con día, eso no es así. Por el contrario, Andrés Manuel López Obrador descalifica y no debate (como señaló Roger Bartra), sino que divide y antepone su megalomanía por encima de los intereses de la nación. Esa ha sido su especialidad desde siempre. Polarizar para vencer; en fechas recientes, para intentar someter a los gobernadores que han levantado la voz, con la finalidad de concentrar aún más poderes metaconstitucionales en lugar de procurar la unión de la federación.
Por eso son justas las demandas de los 10 mandatarios que integran la Alianza Federalista. Su solicitud de diálogo con el gobierno federal para que sus entidades puedan contar con los recursos necesarios y así estar en condiciones de cumplir con sus vastas responsabilidades sociales y hacer frente a la grave situación actual, es compartida por el PRD y la oposición democrática al gobierno de AMLO. Los gobernantes estatales y la sociedad mexicana merecen un trato de respeto, no recortes presupuestales (como se propone en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021) cuyo propósito dista de ser una supuesta austeridad, sino satisfacer los caprichos faraónicos (todos ellos, bajo serios cuestionamientos debido a su inviabilidad económica, medioambiental y social) y las ambiciones electoreras del presidente.
Como ya señaló la Alianza Federalista, de no prosperar el diálogo y de imponerse la lógica imperialista de López Obrador, se corre el riesgo de que se fracture el pacto federal. No es una amenaza de los gobernadores, sino la posible respuesta ante las provocaciones de una transformación centralista y autoritaria. Por ello es necesario un puente de comunicación de la Federación con los estados y municipios. No puede ni debe continuar el castigo financiero que está atando de manos a las autoridades locales. Quien pierde a final de cuentas es la gente y, sobre todo, quienes viven con mayor precariedad.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha hecho un llamado claro en este sentido para invitar a que no se ponga en riesgo la federación por este irracional centralismo, por el autoritarismo y la tiranía con la que se está manejando el gobierno del presidente López Obrador.
Las exigencias de la Alianza no tienen tintes políticos, como lo afirmó el presidente en su conferencia mañanera. Miente cuando acusa a la Alianza Federalista de responder a intereses electorales; lo que debiera hacer en lugar de confrontarse es unirse con ellos, escucharlos y atender con racionalidad los reclamos que se están haciendo.
La tarea de quienes defendemos la democracia y apostamos a un futuro incluyente es la de cerrar filas entre todos -gobernadores, fuerzas políticas y sociedad civil- para exigir mayores presupuestos y detener el despilfarro para obras y fines electoreros que sólo beneficiarán al actual régimen. Este es un nuevo episodio de la lucha que en nuestro país y varios lugares del mundo se libra entre democracia y tiranía.
Jesús Zambrano Grijalva
Twitter: @Jesus_ZambranoG