Se suponía que quienes ganaron el poder en 2018 ya tenían experiencia y ya sabían cómo funcionaban los gobiernos.
La mayoría de ellos –también se suponía– venían de experiencias en algunas partes del gobierno federal, de estados y municipios, y una gran parte de la administración de la Ciudad de México, donde la mayoría de los conversos de las izquierdas mantienen el gobierno desde 1997.
Otros más, fogueados en las luchas de los partidos y organizaciones sociales, pasaron por la gestión de gobierno de asuntos diversos, aprendiendo a negociar y a tratar con funcionarios gubernamentales de los distintos niveles. Todas esas experiencias, o fueron echadas por la borda o no las aprovecharon ante tanta pifia, errores, rectificaciones, lentitud, o paralización actual de varios tramos de la administración federal. Porque tratar de convencernos de que el gobierno federal está funcionando a plenitud —o que ellos traen otros datos— es parte del engaño que, a diario, observamos en la información que por diversos medios nos llega sobre las cuestiones federales.
Ya no solo son los temas que han estado en la atención de la opinión pública y han sido severamente cuestionados por los factores reales de poder: La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la refinería de Dos Bocas; el tren maya; las guarderías de la Sedesol; la cancelación de programas sociales por sospechas de corrupción; los súper delegados; la falta de circulación del presupuesto federal en los municipios; las compras grandes sin licitaciones; la política de zigzagueo en los nombramientos de delegados federales; la negativa al diálogo con los grandes sindicatos y la predilección por sus disidencias; los despidos en la burocracia; los sensibles descuidos en el sector salud donde reviven viejos problemas que ya habían sido resueltos; el desdén oficial por la política cultural; los incrementos salariales a la burocracia federal sin negociaciones previas; los recortes presupuestales en áreas sensibles de la administración pública; entre otros.
Vayamos a lo cotidiano. Al funcionamiento real del Gobierno y a las principales medidas que la nueva administración ha tratado de implementar, en su muy particular interpretación de la realidad mexicana así como su propia concepción de la historia (tal y como se ve que la han entendido al emprender las nuevas tareas de gobierno), no se le ve un plan de acción pública definido del todo y, so pretexto de atacar y tratar de desaparecer lo hecho en el pasado inmediato, se corre el riesgo de acabar con cosas que realmente le han funcionado bien a México.
Ahí están los recientes debates en torno a la reforma electoral, por ejemplo. Parecen ignorar que desde 1977 las reformas del sistema político fueron hechas para fomentar la apertura del sistema a nuevas expresiones políticas, fortalecer la representación nacional y acabar con la inestabilidad política generada por la falta de credibilidad de los procesos electorales. En eso se avanzó notablemente en el pasado y ahora resurgen planteamientos que buscan retroceder años, como esa idea de eliminar las estructuras estatales de manejo electoral para volver a concentrar todo en la autoridad federal. Una propuesta de ocurrencias de un partido en el Poder que lo busca concentrar a la vieja usanza.
Otra pifia es la tardanza en definir la integración de los “representantes federales” en los estados. Ahora y con las reformas a la ley orgánica de la administración federal, ya no habrá delegados federales; se llamarán “representantes”. Uno por entidad de cada Secretaría, y dependerán de una coordinación general, que revisará los perfiles idóneos para los cargos. A su vez, estos se coordinarán por los llamados “súper delegados”, que dependerán a su vez de la Secretaría del Bienestar para revisar en conjunto la aplicación y avances de los programas federales en cada entidad, y vincularlos así con el programa político del partido en el Poder. Todo un desorden y un desgaste innecesario de figuras de las izquierdas, que han sido expuestas al ridículo, nombrándolas un día y quitándolas al otro por esos desajustes y zigzagueos.
En cada municipio opera ya un personaje llamado “siervo de la nación”, que supervisa mensualmente los directorios de los apoyos federales en el nivel territorial y arriba de ellos un coordinador distrital. Es decir, nada que pudiera escapar al control federal o que pudiera servir para adornar a otro nivel de autoridad. De ahí los constantes abucheos a los gobernadores en eventos públicos —mítines—, donde prevalece el clientelismo y la grilla por encima de una relación de respeto y el fortalecimiento del pacto federal. De los presidentes municipales ni hablar. Han sido borrados.
Porfirio Muñoz Ledo recordará claramente la batalla que tuvo que dar en 1977 contra la intención de los promotores de la reforma administrativa del gobierno federal, que buscaban la adscripción (quitarlo de la SEP) del bien recordado CAPFCE y ubicarlo en la entonces llamada Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), para tratar —equivocadamente— de unificar todo lo relativo a la obra pública federal.
Porfirio, como titular de la SEP de entonces, logró que se reconsiderara la medida alegando que, como secretario de Estado no podría operar bien sin el brazo ejecutor de la obra educativa federal, que entonces era responsable —en plena expansión de la construcción de escuelas— en el territorio nacional, y logró que el Capfce se conservara adscrito a la SEP.
Ahora, el presidente de la República acaba de anunciar que desaparecerá al INIFED (antes Capfce), para que la obra escolar sea construida directamente por los habitantes de cada comunidad donde vaya a realizarse la construcción, ampliación o remodelación de escuelas. Menudo lío el que le espera al sector educativo con esa medida.
Las obras escolares no pueden estar sujetas a la interpretación de cada quien y requieren para su ejecución estudios técnicos que las hagan eficaces, resistentes y durables. Ahí sí que el presidente trae una gran confusión, pero en el afán de atacar al pasado, al parecer no hay nadie que le diga que está equivocado. ¿Y la participación de los gobiernos estatales en la operación de la obra educativa federal? ¿Y los estudios técnicos? Toda una confusión que seguramente impactará—como si algo le faltara—, en el sector educativo y su relación con los gobernadores.
De todo esto resulta que el gabinete presidencial, en operación administrativa no se ve. Tampoco en la operación política y mucho menos en la libertad para autorizar el flujo de recursos de la inversión pública para beneficio de estados y municipios. Los secretarios del gabinete no se ven en los estados ni en los municipios, ni tampoco en contacto con la gente. Se ven pertrechados en sus oficinas en espera de alguna instrucción o medida que los lleve a explicar decisiones no siempre en el rumbo trazado por la institución que representan.
La mayoría de los miembros del gabinete se ven opacados por la versión informativa que el presidente de la República da a diario en sus conferencias mañaneras, donde trata todos los temas —muchos de ellos con información mal integrada o deficiente— y no deja que sus colaboradores —salvo rarísimas excepciones— crezcan ni exhiban sus capacidades ante la opinión pública.
Hasta ahora el presidente ha centralizado información, facultades y decisiones públicas a costa del debilitamiento de sus colaboradores. Tampoco a ellos se les ve en las giras (mítines) que el presidente realiza, y mucho menos como compañeros de las consultas a mano azada que al estilo “López Obrador” se suelen realizar para echar abajo decisiones o proyectos. Últimamente, los habitantes de Morelos y la región de la Laguna han experimentado el sabor amargo de esas consultas amañadas, donde a mano alzada un reducido número de personas decide por ellos sobre obras y servicios, aun cuando las obras ya han iniciado.
¿Qué va a pasar? El Presidente sigue empecinado en sus temas prioritarios y en echar abajo todo lo que para él significa el pasado. De seguir así, se corre el riesgo de que lo logrado en reformas tan importantes realizadas por los mexicanos en los últimos 40 años para la viabilidad económica, para la estabilidad política, para la separación de Poderes, para la soberanía de los Estados y la autonomía municipal, se conviertan en un grave retroceso que nos regrese a la concentración del Poder y a con ello reabrir páginas cerradas de la historia.
Ya los españoles en sus traumáticas transiciones nos han recordado la gravedad de la fórmula política, aquella que por años los separó y les generó violencia: “Estás conmigo o contra mí, al adversario no lo quiero vencido ni convencido, sino exterminado”. A como vamos en estos meses y, al parecer, aquí no lo hemos entendido.
Bulmaro Pacheco Moreno
