¿Hubiera batallado el hijo de Manuel Bartlett para venderle ventiladores al gobierno, si en lugar de ser un junior bien recomendado hubiera sido un empresario común y corriente sin trato preferente por ser cercano a un influyente personaje político en el nuevo gobierno?, ¿Cuántos trámites y tiempos se ahorró para no hacer fila ante las burocracias, ni esperar audiencias para el caso?, ¿Sería el único proveedor al que se le hiciera la asignación directa de la compra de ventiladores, en lugar de licitar la compra como lo establece la Ley para darle oportunidad a todos los proveedores registrados?
El caso del hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, no es diferente a los gobiernos pasados al existir el ‘influyentismo’ de funcionarios en las compras del gobierno. Pero se trata, eso sí, de un ingrediente que le mete ruido a la expresión presidencial de “no somos iguales” y de que las cosas del gobierno en materia de corrupción “ya no son como antes… y todo ha cambiado”.
Ahí una pequeña pero representativa muestra de lo difícil que será para López Obrador hacer la separación del poder económico del político, como lo ha prometido. Según él, “equivalente a la separación Iglesia-Estado de Juárez, con las Leyes de Reforma en el siglo XIX”.
La generación de Porfirio Díaz no se planteó ese dilema y la mayoría de ‘los científicos’ colaboradores del presidente fueron destacados empresarios vinculados a las concesiones oficiales, como el ferrocarril, las minas y las empresas textiles. Las fortunas hechas al calor de la Revolución estuvieron vinculadas a las relaciones del incipiente sector empresarial de entonces con los dirigentes revolucionarios. La expansión de la obra pública, las presas, la electrificación, las carreteras y la ampliación del transporte, fueron clave.
No en balde el expresidente Emilio Portes Gil declaró en 1958 que “Ya el pueblo está cansado de que salgan comaladas de millonarios sexenales, es necesario que funcionarios interpreten cuál es su papel y no venga el enriquecimiento ilícito”. López Portillo dijo que la corrupción era el auténtico “cáncer” nacional y Miguel de la Madrid propuso la “renovación moral de la sociedad”. No les faltaba razón, como tampoco le falta a Santiago Nieto, titular de la UIF del gobierno federal, que en reciente entrevista dice que: “La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense” (El PAIS).
De sobra conocidos son los ejemplos de funcionarios que fundaban sus propias empresas para venderle postes a la Comisión Federal de Electricidad, o asociados con otros empresarios vendían el cemento para la obra hidráulica.Otras formas de vinculación del poder político con el económico se daba con las lavanderías de hospitales; la provisión de comidas para las cárceles; las empresas de limpieza y de seguridad para el sector público; los famosos “moches” para la adjudicación de presupuestos de obras públicas; y las ventajosas ventas de terrenos de propiedad federal, estatal y municipal,
O los empresarios metidos en los negocios públicos, que por apoyar a determinada candidatura exigían posiciones en los gobiernos, como las áreas de auditoría fiscal o las oficinas de bienes y concesiones, para tener el control de la propiedad pública y evitar el riesgo de las auditorías.
O aquellos que ponían sus propias gasolineras para obligar a los gobiernos a comprarles gasolina y diésel para el sistema de transporte público, con cantidades que a veces rebasaban la demanda normal de los combustibles. ¿Cómo dejar fuera a quienes hicieron su agosto con la vivienda de los trabajadores con fraccionamientos sin concluir y de mala calidad en asociación con dirigencias sindicales?
No hace mucho tiempo de aquella nefasta práctica de vender las plazas en el sector público (Educación, Pemex, CFE), donde lo mismo participaban empresarios, funcionarios y sindicatos, llegando al extremo de poner a operar despachos y donde sin rubor alguno anunciaban, con letras blancas de plástico en pizarrones ranurados de paño negro (fieltro), las tarifas establecidas para el tipo de plazas que se quisieran o el lugar donde el interesado deseaba trabajar. A ese nivel.
Vale señalar también la estrategia de buscar el poder en los ayuntamientos a través de familias económicamente poderosas, para impulsar carreras políticas de presidentes municipales que después se transformaban en auténticos gerentes públicos al servicio de los intereses privados que los hicieron llegar. Los bajaban y subían, los promovían o los castigaban políticamente en función del interés del grupo.
También la socorrida estrategia de financiar campañas políticas a candidatos municipales y estatales para asegurarse zonas de influencia, y dominar tanto la política como la obra pública y las compras oficiales, con allegados al grupo de interés y sin competencia.
Con el tiempo esa tendencia degeneró para dar lugar a espacios para empresarios vinculados al hampa, que se hicieron de recursos y auténticos bastiones de poder. Hay casos representativos; el más notable: el del perredista José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, Guerrero, y su esposa Ángeles Pineda, vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
También el asesinato en campaña del candidato al gobierno de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú, en una emboscada planeada y ejecutada a plena luz del día, nos da la idea del grado de involucramiento de las fuerzas del hampa en la política y la economía de las regiones.
Casos sin aclarar y mención aparte merecen las muertes —en accidente aéreo— del gobernador de Colima Gustavo Vásquez Montes, en 2005, y —a balazos— del exgobernador Silverio Cavazos, en 2010.
¿Qué hizo crisis en el sistema para degenerar en esos hechos?¿Por qué ni siquiera con la alternancia en el poder del 2000 al 2012 pudo frenarse esa asociación?, ¿Qué pasó con aquellos millones de dólares depositados en Suiza que se decía eran para crear empleos?, ¿Qué pasó con la investigación sobre los negocios de los hijos de Martha Sahagún?
No todo ha cambiado, como dice el presidente López Obrador. El nepotismo sigue, así como la asociación pública y privada y el influyentismo de parientes (conflicto de intereses). Las presiones de los grupos son más evidentes y no se ve para cuándo habrá acciones reales para separar en serio al poder económico del político. El caso del hijo de Manuel Bartlett va a ser la prueba de fuego para el actual gobierno. Ahí veremos si las cosas van en serio, o si habrá justicia selectiva.
Si el presidente insiste en quitarle el financiamiento a los partidos políticos, ya sabemos quiénes ganarían con esa estrategia. Algunos partidos —en caso de desaparecer el financiamiento público— correrían el riesgo de caer en manos de otros intereses, como sucedió en Iguala y en otras regiones. No será tan fácil esa separación.
¿Cómo evitar que representantes del poder económico busquen competir en elecciones para los diferentes cargos públicos, si la Constitución les garantiza el derecho?, ¿Cuántos gobernadores estatales de reciente horneada han sido empresarios exitosos antes de arribar al poder? ¿Qué va a hacer el gobierno con la influencia de aquellos empresarios que han hecho sus grandes fortunas con las concesiones del gobierno?
No se ve claridad en el horizonte, y faltan definiciones, sobre todo porque en el desafío hay varias partes incluidas—con intereses bien definidos—, y no todos van a jalar con la intención presidencial por razones obvias. Los empresarios, la burocracia, el gobierno federal, los gobernadores y los presidentes municipales, entre otros… y para empezar.
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