Este fin de semana, tres partidos políticos de oposición, anunciaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue el acoso político, la persecución de opositores, que está ocurriendo en Veracruz.
Primero fue el perredista Rogelio Franco Castán, ex secretario de gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y candidato, en ese proceso, a una diputación federal por la vía plurinominal. 8 meses de prisión preventiva por supuesta violencia doméstica y ultrajes a la autoridad.
Luego fue la Fiscalía General del Estado (FGE) tras Gregorio Gómez Martínez, candidato a presidente municipal en Tihuatlán, por tres presuntos delitos: portación de armas de fuego, posesión de un vehículo con reporte de robo y ultrajes a la autoridad. Un año de prisión preventiva le dictaron al perredista.
Esta semana detuvieron a Nicolás Ruiz Roset, aspirante del PAN a la presidencia municipal de Minatitlán por supuestas amenazas, coacción, tentativa de privación física e intento de secuestro luego de que un colectivo feminista lo pusiera en una lista de candidatos “delincuentes”.
Y, como colofón, esta misma semana, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investiga al ex gobernador Yunes Linares por supuestos malos manejos en su función como director del ISSSTE, ¡hace 11 años! Mucha casualidad que todos los investigados y detenidos sean de oposición.
La función principal de la Comisión es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia. La Comisión, por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, entre las cuales destacan la realización de visitas in loco y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi-judicial. Es dentro de esta competencia que recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad.
Veremos si es que en verdad acuden los partidos o solo es un acto mediático y, principalmente, si es admitida su solicitud y qué rumbo toma pues no son al parecer delitos presuntamente fabricados, sino ejecutados mucho tiempo después y precisamente en pleno proceso electoral.
Más allá de esto, Verónica Hernández está dejando pasar una oportunidad como pocas en su trayectoria profesional y política. Es la primera veracruzana en ocupar la titularidad de la Fiscalía, pero su trabajo, hasta ahora, ha dejado mucho que desear; es cuestionable.
No se debe olvidar que los cargos pasan y el nombre es el que perdura, para bien o para mal…
@YamiriRodriguez
