Nuevos aires de apertura comenzaron a vivirse en México cuando que finalmente los organismos electorales se ciudadanizaron y se convirtieron en entes independientes y autónomos como resultado de la presión de sociedad nacida del descontento por el resultado de las elecciones presidenciales de 1988 en que Cuauhtémoc Cárdenas alegó que un fraude llevó a Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia.
Precisamente las nuevas reglas pactadas por partidos y gobierno que dieron nacimiento al Instituto Federal Electoral llevaron al primer triunfo certero y creíble (la gubernatura de Baja California lograda por el panista Ernesto Ruffo se dio bajo la sobra de un pacto con el PRI) de la oposición con la llegada del propio Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Desde entonces, hace exactamente 25 años comenzó desde distintas esferas del poder una campaña de desprestigio contra las principales instituciones de la incipiente democracia mexicana: el Congreso de la Unión, el Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos.
Los argumentos se han repetido hasta el cansancio desde hace un cuarto de siglo y se centran en el costo que para la sociedad tienen estas instituciones a las que acusan como caras e ineficientes, al grado de sostener que sigue habiendo fraudes electorales en México, lo cual simplemente es una mentira repetida montones ante la falta de compromiso democrático de la clase política, en la que una buena parte de sus integrantes sólo reconoce triunfos cuando gana y alega fraude cuando pierde, obviamente sin probarlo.
A pesar de esta andanada permanente, los organismos electorales hoy representados por el Instituto Nacional Electoral, han logrado con el paso del tiempo colocarse como una de las entidades con más prestigio, confianza y reconocimiento de parte de la mayoría de la sociedad mexicana.
Hoy se reedita este ataque, lo que hoy ocurre es nuevo, la diferencia es que hoy el ataque lo encabeza el gobierno de Morena de una manera franca, pública y directa con su iniciativa de reforma electoral y paradójicamente muchos de esos sectores de poder que antes fueron cómplices de las campañas de descrédito contra las instituciones democráticas hoy salen en su defensa.
Sin duda hay mucho que mejorar en el Poder Legislativo y los organismo electorales pero la respuesta no es trastocar al Congreso para cerrarle el paso a la representación plural reduciendo las cámaras de Senadores y Diputados.
Y mucho menos estableciendo un modelo que ahorcaría a los partidos limitando sus recursos económicos, prácticamente desaparecería a las opciones políticas minoritarias y pondría en manos del gobierno federal y los gobernadores el control de los procesos electorales eliminando la competencia y abriendo la puerta a la restauración del sistema de “partido casi único” sustituyendo el nombre del PRI por el de Morena.
La confrontación sigue y cada vez son más los sectores que como la Iglesia, los partidos de oposición, la Iniciativa Privada, académicos, analistas e intelectuales rechazan la reforma electoral de Morena y advierten que representa un riesgo verdadero para la democracia en México.
La reciente pifia de Rosario Ibarra Piedra, incondicional de la 4T y presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, al lanzarse contra el INE y acusarlo de encabezar el “sabotaje de la voluntad del pueblo” y mantener vicios que han manchado los procesos electorales, dio patente de verdad a las alertas pues convirtió en el ejemplo más claro del peligro que representa un organismo que se pretende independiente subordinado al poder del gobernante en turno.
Ahora se debaten las encuestas sobre el apoyo o el rechazo popular a la iniciativa de reforma electoral. Al final todo está en las manos de la Cámara de Diputados en donde el fiel de la balanza es el PRI que tiene dos opciones:
Traicionar a la alianza opositora Va por México y votarla a favor (con lo que se abriría la puerta a que Morena se perpetúe en el poder) o cumplir su palabra y, como prometió su coordinador el diputado Rubén Moreira, votar en contra, lo que enterrarían la iniciativa y se garantizaría que en la elección federal de 2024 haya una competencia real y resultados confiables.
@nesojeda
